Accidentes de tránsito,
un problema para los sistemas públicos de salud en crisis
Las consecuencias de los accidentes de tráfico en los
sistemas de salud es cada vez mayor a nivel global. Esta tendencia es aún más
preocupante si observamos las cifras de lo que viene sucediendo en los países en
desarrollo. Indudablemente, la morbi-mortalidad por accidentes de tránsito no es un tema aislado, sino un problema
integral que demanda una reingeniería de enfoques y niveles de actuación amplios
y transversales.
A pesar del enorme costo humano, social y económico,
los esfuerzos de la prevención primaria y secundaria han tenido poco impacto
para frenar las muertes y discapacidades originadas por este problema.
Ciertamente, ha habido progresos en los países desarrollados pero no
necesariamente ha ocurrido lo mismo en la mayoría de los países en desarrollo. Algo
que ha llamado la atención, es la limitada y poca integración del sector salud
en la prevención primaria de los accidentes de tráfico. A pesar de ello, la carga
de morbi-mortalidad y del costo siempre ha recaído más en los sistemas de salud.
Se hace pues evidente que el problema demanda mayor información,
mayor apoyo político y mejores estructuras y capacidades nacionales con un orden
y liderazgo para el trabajo interinstitucional. Considerando que la seguridad
vial es un tema multisectorial, los países con mucho tráfico vehicular han
empleado un enfoque que implementa un sistema variado (ambiental, vehicular y
conductual), más que solo buscando el cambio de comportamiento. Las
instituciones rectoras de la salud también han asumido un mayor compromiso en
la promoción de los enfoques multisectoriales y multidisciplinarios aunque no
en todos los países se ha manifestado de esta forma ya que en algunos de ellos este
tema sigue siendo liderado por instituciones ajenas a la sanidad. Si tomamos la
seguridad vial y los accidentes de tráfico como un tema de salud pública con un
enfoque sistémico podríamos alcanzar mejores resultados con respecto a la
mortalidad y morbilidad.
Para que esto suceda, es necesario que exista un comité
nacional y multisectorial donde las entidades de salud asuman un rol más amplio
en el liderazgo y coordinación de la respuesta multisectorial estableciendo un
adecuado tratamiento de emergencias médicas, fortaleciendo capacidades
institucionales, estableciendo mecanismos de información multisectorial y
distribuyendo recursos humanos y financieros.
Conseguir el apoyo político para hacer realidad este
enfoque es por tanto una responsabilidad de las instituciones de salud. De no
ser así, los sistemas de salud seguirán asumiendo la carga de pérdidas de vidas
humanas y la gestión de la discapacidad a largo plazo.
Edgar
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